En ese camino que estamos recorriendo hacia la privatización de los servicios públicos, hacia el adelgazamiento progresivo del "estado social y democrático de derecho", reducido ya sólo a "moderno estado de derecho" neoliberal, la reciente ley española de protección de la autonomía personal y de las personas en situación de dependencia (2006) viene a profundizar aún más en la mercantilización de los servicios públicos. Aprovechando las necesidades de atención que presentan cada vez más personas (y las mujeres que las cuidan), el partido popular ideó una ley y el partido socialista la desarrolló y le dio la tonalidad adecuada, para que los servicios de atención a las personas dependientes y a sus familiares caigan en manos de empresas con ánimo de lucro, que ven un gran mercado en el que obtener beneficios gracias a los presupuestos públicos. La batalla por la competencia entre grandes empresas de servicios y pequeños empresarios cooperativistas y entidades sociales no ha hecho más que empezar. El diario El País ofrece algún indicio de ello en su edición andaluza de hoy:
Lucha por la "tarta" de la Ley de Dependencia
Si hace una década, más del 50% de los centros de atención a personas dependientes estaba gestionado por entidades sociales, hoy están presentes en menos de un tercio. La última semana se ha conocido un nuevo caso donde se pone de manifiesto el poder las multinacionales. El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio a la multinacional Clece -perteneciente al grupo ACS- porque su oferta había sido más barata que la de la cooperativa granadina Abenzonar, que llevaba 21 años gestionando esta prestación a más de 2.000 ancianos impedidos. Sin embargo, la oferta más barata se ha convertido ahora en la más cara, puesto que los usuarios del servicio van a tener que pagar casi un 20% más, una medida que ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición del ayuntamiento granadino por entender que se ha "mercantilizado" con los mayores. |
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