Un reciente informe de la Comisión Europea, realizado por el Comité de la Protección Social ("Pobreza y bienestar de la infancia en la Unión Europea") concluye que un cuarto de los 78 millones de ciudadanos y ciudadanas de la UE que sobreviven por debajo del umbral de pobreza son niños y niñas. En 2005 el 19% de los menores de los 27 Estados miembros de la UE estaban expuestos al riesgo de pobreza, frente al 16% de la población total. La UE utiliza como criterio de sus mediciones de la pobreza el "porcentaje de personas con unos ingresos disponibles inferiores al 60 por ciento de la mediana nacional".
El lugar que ocupa España en esta comparación entre Estados puede calificarse de bochornoso, si tenemos en cuenta que, supuestamente, es uno de los países más prósperos del mundo. El riesgo de pobreza en los menores es el segundo más alto de toda la UE, sólo superado por Letonia. En 2006, según el citado informe, el 21% de los menores españoles estaba por debajo de la línea de pobreza relativa.
Los expertos que han elaborado este estudio consideran que los principales determinantes de la pobreza infantil son las características de los hogares, la situación de empleo de los padres y la eficacia de la intervención pública. La ayuda gubernamental juega, pues, un papel de primer orden en la reducción de la pobreza. Una gran diversidad de políticas públicas incide en el nivel de vida de los hogares con niños. Los sistemas de fiscalidad y subsidios sostienen los ingresos familiares, asegurando, por ejemplo, un ingreso mínimo a las personas sin un empleo remunerado; del mismo modo las políticas educativas, de salud, de vivienda o de escuelas infantiles contribuyen notablemente al bienestar infantil.
Pues bien, examinando los resultados relativos por cada Estado miembro en materia de lucha contra el riesgo de pobreza en la infancia y en la gestión de los principales factores de riesgo, España ocupa el bloque de cola. Aunque este país garantiza relativamente los ingresos a los hogares cuyos miembros se encuentran en desempleo, el riesgo de pobreza infantil es muy alto en los hogares constituidos por personas que trabajan pero que obtienen bajas remuneraciones por ello. Por otra parte, las transferencias sociales tienen un impacto muy bajo para reducir los riesgos de pobreza en los menores. El grupo de países con baja intensidad protectora para la infancia, en el que se integra España, está formado, siempre según el informe, por Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Portugal.
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